El 18 de enero de 2015 todos amanecimos con una noticia impactante. El fiscal de la nación argentina Alberto Nisman (Zl’) fue encontrado muerto – producto de un balazo – en su propiedad de Puerto Madero, en plena ciudad de Buenos Aires. Más allá de las razones y eventuales culpables del suceso, la noticia resulto sorprendente. El hallazgo sin vida, de un fiscal federal no es una información habitual en estas zonas del continente y evocan situaciones pretéritas de terrorismo de estado, guerrillas ciudadanas o presencia de mafias vinculadas al narcotráfico que otrora supo vivir la región.
El hecho conmovió además, por que la muerte significaba el fin del responsable máximo de la unidad especial de investigación – creada en 2004 – que tenía como objetivo conocer los detalles del mayor atentado que conoció la diáspora judía en la historia, la destrucción y muerte de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), acaecido 20 años atrás.
La función de un fiscal en un estado de derecho es investigar y promover la acusación judicial sobre un presunto delito y en Argentina esta potestad está establecida expresamente en su carta magna (constitución) en el artículo 120 que dice: “ El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.
El hecho excede indudablemente a la comunidad judía y afecta al país como tal, en su credibilidad, en su confianza y en el respeto a los ideales democráticos que adornan la historia de dicha nación.
Desde ese momento a la fecha, el tema se ha visto envuelto en opiniones, resoluciones, suposiciones y exposiciones que en ningún caso cumplen con una de los postulados más dignos de la humanidad: “sanción a los culpables”.
La muerte impune de Nisman, conceptualiza la situación como “pendiente” y esa calificación se mantendrá en la medida que no se conozcan la totalidad de los hechos con exactitud y se logre el juzgamiento de todos los responsables, con el mayor rigor que prevé la ley.
Diversas voces de todo el mundo reclaman el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de un fiscal que investigaba la muerte de 85 argentinos en el atentado y el posible encubrimiento de parte del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner que a través de la elaboración de un memorando con el gobierno de Irán pretendía dar impunidad a los responsables. Únicamente una resolución definitiva podrá quitarle la dimensión institucional que el hecho sigue generando.
El pasaje de los días afecta y desnaturaliza la búsqueda de la verdad, pero la mancha que mantiene el país solo podrá ser borrada con un fallo definitivo que arroje luz sobre los hechos y castigue a los verdaderos autores del insuceso.
Argentina como estado de derecho debe resolver el tema con claridad. La asignatura se mantendrá en tanto no haya una definición de los hechos que permitan dar un digno descanso a quien dio su vida por un ideal de justicia, precisamente un valor que sigue “pendiente” en el país vecino.
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